Internet a la boliviana

Desde el 2012 un grupo de geógrafos que trabajaban en varias instituciones públicas se concentraron para crear Geobolivia, un portal web de mapas oficiales del Estado boliviano que permitía mirar los mapas en línea y descargar los datos de esos mapas para usarlos en diversos proyectos.

Se dice fácil pero es un trabajo monumental y con varias barreras que vencer: el desconocimiento del valor de proyectos de datos abiertos por parte de las autoridades, la coordinación interminable para encontrar acuerdos que permitan uniformar los diversos sistemas informáticos en los que se guardaban los datos geográficos públicos, la presión de algunos grupos que obtenían beneficios del desorden vendiendo esos mapas en mercados informales e incluso a las mismas instituciones públicas una y otra vez y, claro, la inercia del sector público tan reacia a innovar.

Ocho años después, este caro proyecto ha logrado 2.500 capas. Por decirlo en términos fáciles aunque pierda alguna precisión: 2.500 mapas. Todos estos mapas de libre disposición (datos abiertos), actualizados y oficiales. Esta característica de datos abiertos ha beneficiado a variados públicos: investigadores -solo en los registros de la UMSA y de la UMSS hay 100 tesis que han usado sus datos-, a iniciativas tecnológicas que usan esos datos para desarrollar servicios -OpenStreetMap es un servicio de mapas abierto y alternativo a Googlemaps que usa los datos de Geobolivia- y ante todo, al Estado -varios entidades públicas y municipios han utilizado estos datos para su planificación.

Funcionarios de más de 100 instituciones públicas se reunieron varias veces a lo largo de estos años en grupos de trabajo para consensuar normativa y protocolos técnicos, además de crear un diseño con nodos que alimenten en línea un portal web de mapas del Estado que permitía conocer la ubicación de recursos como escuelas, postas sanitarias, pozos petrolíferos, ríos, caminos, telecentros, etc.

Todo esto hasta los primeros días de marzo de este año cuando el acceso a este portal ya no fue posible sin que medie ninguna explicación de parte de la Vicepresidencia, bajo cuya responsabilidad se hallaba el proyecto, que aún no ha emitido una comunicación oficial ni ha dado respuesta a varias cartas que se le han remitido al respecto.

Cuesta creer que el gobierno quiera perder capacidad de análisis, deshechar un proyecto que ayuda a ahorrar recursos para la planificación y mejora su calidad (¿con qué información se hará el PDES que está actualmente en elaboración, por ejemplo?) además de reducir posibilidades de duplicación de esfuerzos de recojo de información geográfica. Esperemos que se trate de un error y que se reponga el servicio pronto.

El 16 de marzo de este año, Miranda Sissons, Directora Global de Derechos Humanos de Facebook Inc. presentó la Política Corporativa de Derechos Humanos de esa empresa que es válida para todas sus apps. Es la primera política empresarial de este tipo emitida por una plataforma digital, como se les dicen de manera genérica a las empresas de redes sociales, mensajería instantánea, streaming o cualquier otro servicio que se da en Internet de manera masiva.

La Directora ha expresado el compromiso empresarial con un sinfín de cuerpos legales de defensa de los Derechos Humanos como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la de las personas con discapacidad, los Principios de Libertad de Expresión y Privacidad del Global Network Initiative (GNI) y los Principios de la OCDE sobre Inteligencia Artificial, entre varios otros.

Sin duda es un enorme trabajo y un enorme cuerpo de principios al que se compromete Facebook y lo hará además con un fondo de apoyo a los defensores de Derechos Humanos en el mundo. ¿Por qué lo hace siendo que esto implica recursos y un esfuerzo importante de cambio en sus procesos empresariales?

Es una respuesta a presiones que viene recibiendo hace varios años acerca de vulneraciones de Derechos Humanos en sus plataformas relacionadas a libertad de expresión, privacidad, discriminación, discurso de odio, entre varios otros. Estas denuncias hicieron crisis con el escándalo de Cambridge Analytica que implicó el uso de millones de registros personales de usuarios y no usuarios de la plataforma para la supuesta manipulación de elecciones. Mark Zuckerberg confesó ante el parlamento norteamericano que no entendía plenamente los efectos que su plataforma podría estar provocando en la democracia. Se dio cuenta que se había metido en temas grandes y serios que necesitaban otro tipo de soluciones, no solo las tecnológicas.

Será interesante seguir el desarrollo de estas iniciativas que juntan dos mundos, el privado y el público; dos intenciones: la búsqueda de beneficios y la defensa de derechos.

Este debate y sus soluciones están en inglés, responden a la opinión pública de EE.UU. y conversan con Asia y África en inglés, por el momento. Es de esperarse que algo más adelante lleguen a América Latina y conversen acerca de nuestras propias preocupaciones en castellano.

¿Quieres leer la política de DD.HH. de Facebook? Descarga aquí

¿Son las redes sociales y los chats un lugar de deliberación pública? Esta es una pregunta relevante tanto para las democracias como para los negocios, y es investigada hace años e incluso décadas por las ciencias sociales que estudian las tecnologías de información y comunicación se han hecho por años.

Las respuestas han sido variadas, por un lado, se entiende que son herramientas de contacto que permiten que fluya información e incluso que se generen deliberaciones y acuerdos; por otro lado, se sostiene que son herramientas que por su rapidez (y ahora desinformación, fake news y otros aspectos), no permiten una deliberación informada.

Con el inicio de la cotización en bolsa de estas plataformas de redes sociales (lo que sucedió para Facebook el 2012 y para Twitter el 2013), las condiciones han cambiado y muestran un panorama más unívoco en la respuesta a esa pregunta: no son espacios de deliberación pública sino de polarización.

Como cotizan en bolsa, para que sus acciones suban deben mostrar que tienen muchos usuarios que se incrementan constantemente y que esos usuarios son activos, es decir, que no son cuentas muertas. Por lo que uno de los grandes problemas que deben resolver estas empresas es ¿cómo incrementar las interacciones entre usuarios? Como las interacciones extremas, violentas, no conciliadoras tienden a consolidar más apoyos y también más interacciones de disgusto porque quienes apoyan la posición, saldrán a defenderla y quienes se sienten molestos por ella, lo expresarán incluso foribundamente, los mensajes que les funcionan mejor a las empresas de redes sociales son los que tienen un carácter polémico.

Continuando con la explicación, habrá que entender si hay alguna forma en que las empresas pueden motivar este tipo de interacciones polémicas. Y sí, eso es posible a través de algoritmos que privilegien posts con más interacciones en la parte de arriba del muro o timeline. Incluso, podrían entender qué gustos tiene cada usuario y usuaria, y hacer que aparezca opiniones contrarias de vez en cuando. La verdad es que se sospecha que los algoritmos funcionan de esta manera, al menos en parte pero no se puede saber con certeza porque las empresas no han hecho caso a las demandas por transparentar sus algoritmos que se les viene haciendo hace al menos 7 años.

Las redes sociales como Facebook y Twitter, y los servicios de mensajería como Whatsapp y Telegram difícilmente sirven para generar deliberación de temas públicos, menos generar consensos públicos. Por esto, no son espacios limpios para el debate democrático. Como usuarios y usuarias será bueno entender que nuestras interacciones en esos espacios no son un debate libre, informado y sano.

Los datos abiertos son una expresión de la cultura libre que propone poner a disposición de cualquier interesado bases de datos de interés público sin ninguna restricción legal, de acceso, tecnológica, etc. y no solo para los seres humanos sino también para computadoras que puedan combinarlos con otras bases de datos.

Se hace presión especialmente para abrir bases de datos de gobierno para promover la transparencia en la gestión pública, esto tiene lógica ya que el presupuesto que las entidades de gobierno ejecutan es dinero de los impuestos de la ciudadanía, por tanto, se deberían poder controlar socialmente.

Además, se dice, la sociedad civil así como la prensa participarían activamente utilizando esos datos abiertos ejerciendo su derecho de control social de las acciones de gobierno (Ley No. 341). Es decir, estos actores usarían herramientas estadísticas para indagar en las bases de datos y proponer mejoras en las políticas públicas y encontrar evidencias de corrupción para hacer denuncias.

Ese es el modelo de datos abiertos gubernamentales y parece representar un paso más adelante en la idea de la transparencia gubernamental pero hay un par de supuestos que vale la pena revisar.

Primero, se asume que sociedad civil y periodistas usarán las bases de datos abiertas y eso no sucede tanto como se esperaba porque estos actores requieren adquirir habilidades nuevas en la mayor parte de los casos, habilidades de análisis y manejo estadístico, habilidades de story telling y de visualización del análisis de esos datos para que se entiendan fácilmente. Son barreras altas para usar apropiadamente esos nuevos recursos que son las bases de datos y en Bolivia esas nuevas habilidades se están adquiriendo lentamente.

Segundo, siendo que la materia prima de parte de la economía digital son los datos, vale la pena preguntarse si estos datos gubernamentales que se abren en Bolivia, Paraguay o Argentina, por mencionar algunos países, puedan ser utilizados por otras entidades con mayores habilidades para analizar esas bases de datos y generar negocios o esquemas de control ciudadano, por ejemplo. Me refiero a otros gobiernos que tienen más tradición de desarrollo de capacidades locales en áreas de estadística y matemática o empresas que suelen estar basadas en los países del norte.

¿Significa esto que no debemos abrir datos gubernamentales? No lo creo, debemos apostar por la apertura de esos datos como materia prima de mayor transparencia de gestión pero a la vez, hacer un doble esfuerzo por generar capacidades locales en la sociedad civil, los medios masivos, las empresas y los mismos gobiernos para que puedan usar esas bases de datos abiertas apropiadamente.

Whatsapp es el sistema de mensajería digital más usado en Bolivia, tiene más usuarios que Facebook. En nuestras vidas en Whatsapp es común formar parte de grupos y los hay de todas las temáticas posibles: los grupos de amigos de la época de colegio o de la universidad, grupos de padres y madres de familia, grupos de familia, grupos políticos e incluso grupos de distribución de alimentos de granja. Y la mayoría, suelen ser un martirio.

La administración o moderación del grupo es fundamental y cuando no existe o no tiene claras algunas normas básicas de respeto, aquello tiende al deterioro, al caos y a la tiranía.

Quiero compartir un par de casos a modo de catarsis.

Caso 1. Las solidarias tiranas.

Este personaje que cree la solidaridad es el valor mayor, en cualquier caso: el perrito perdido, la mujer golpeada, el árbol caído, el carnet de identidad encontrado, la situación de Venezuela, una declaración política fallida como una prueba irrefutable de maldad, una ballena encallada, etc. Esta persona decide publicar todos los mensajes relacionados a estas alertas en todos los grupos a los que pertenece porque, obvio, todas las personas tenemos el deber de ser solidarias.

En mi caso personal, no importó que el grupo se hubiera establecido para vender pollos, la denuncia de persona perdida, la alerta contra una organización política y un llamamiento a orar a Dios todos los días y a todas horas fueron más importantes con un colofón agresivo y de película: “si no quieres leer el mensaje, borralo pues”. Y una otra sugerencia a la administradora igualmente tiránica de alguien que no quería ese spam en el grupo: “Si no respetan las normas del grupo, sácalas del grupo.” Ni la conversación ni el respeto a las razones de cada persona para estar en grupo son opción para guiar decisiones, la única opción es la imposición.

Caso 2. La gente con iniciativa

En un grupo tuvimos la ingrata noticia que una amiga estaba muy delicada de salud y que necesitaba ayuda. Se comenzaron a organizar acciones para llevar adelante eventos de recaudación de fondos. Todo bien hasta aquí pero alguna de las personas más activas del grupo tuvo una idea, crear un grupo temporal e incluir en ese nuevo grupo a algunas personas que se habían salido del grupo original excusándose o simplemente eliminando sus números. No se le podía ocurrir respetar la decisión de las personas que habían decidido salir del grupo y escribir una a una informando de la situación y consultando si querían ser incluidas, claro que no, era mejor abrir un otro grupo e incluir a esas personas sin consultarles porque, por supuesto, no hay razón para respetar a nadie en un caso tan grave como ese, ¿no?

¡En Telegram todo es tan diferente! Estoy convencida que otra mensajería es posible.

En los últimos tres meses se han aprobado cuatro normas referentes a gobierno electrónico y la relación del gobierno con la ciudadanía en Bolivia: el decreto 3525 de lineamientos y herramientas para el Gobierno digital, la modificación de la Ley electoral para permitir la interoperabilidad de datos de SEGIP y SERECI, la modificación a la Ley de Migración que abre la posibilidad del voto electrónico en el exterior y la Ley de ciudadanía digital que ha sido aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada.

Esto es una muestra de la voluntad de al menos una parte del gobierno para impulsar la modernización del Estado y que la ciudadanía no tenga que seguir sufriendo trámites engorrosos, con colas interminables y gastos de traslado a la sede de gobierno para hacer trámites que requieren sí o si la presencia física de la persona interesada para realizarlos.

Sin embargo, han surgido dos observaciones centrales tanto de parte de algunos sectores de oposición en la Asamblea legislativa como de parte de algunas personas e instituciones de sociedad civil. La primera observación es que faltó abrir el debate a la ciudadanía. En otros países, los debates legislativos acerca de voto electrónico o de interoperabilidad de datos personales han tomado años y aquí se han resuelto en pocas semanas. Entiendo que es normativa necesaria para la eficiencia en los servicios que presta el gobierno a la ciudadanía pero la elaboración de normativa tiene que inclusiva y ser consultada por sectores que pueden aportar para efectivamente poner al ciudadano y ciudadana en el centro del proceso.

La segunda observación se refiere a que más allá de resolverle temas cotidianos a la ciudadanía -los ya mencionados acerca de tiempo, dinero y molestias en trámites estatales- el enfoque centrado en la ciudadanía debe tomar en cuenta derechos humanos en Internet tales como privacidad, privacidad de datos personales, voto secreto, acceso a tecnologías de información y comunicación, y libertad de expresión que no están reflejados en estas normas de una manera clara. Por ejemplo, si un funcionario hace uso abusivo de datos de la ciudadanía, digamos vende parte o toda una base de datos, ¿cuál es el procedimiento para que la ciudadanía proteja sus derechos? ¿Las sanciones serán solo administrativas o penales?

Otro tema es acerca de la accesibilidad de la ciudadanía, solo el 34% de los internautas usan Internet para acciones más complejas como trámites en línea. ¿Qué se hará con el restante de internautas y con los que no son internautas todavía? Estas normas deberían contemplar procesos masivos de alfabetización digital para reducir brechas de habilidades tecnológicas.